Una comisión de la Defensoría del Pueblo, que hizo presencia en Bocas del Manso, Tierralta, Córdoba, recibió las denuncias de la comunidad sobre las agresiones de que fueron víctimas por parte de integrantes del Ejército Nacional y señalaron que ese tipo de violencia "no es nueva".

“Lo ocurrido en Bocas del Manso a inicios de la semana anterior no es una situación aislada, son hechos reiterados en esa zona del departamento de Córdoba, así lo denunciaron sus habitantes a nuestra comisión de la Defensoría del Pueblo, que estuvo haciendo verificación de derechos humanos durante varios días en el lugar”, aseguró el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

La comisión de la institución nacional garante de los derechos humanos realizó reuniones con los presidentes de las Juntas de Acción Comunal de las veredas Palestina, Llanos del Tigre, Gloria 1, Gloria 2, Sancón, Ballenas, Tucú, Gilgal, San Pablo, Bocas de Cruz Grande y Crucito. 

Encuentros de los que también formaron parte representantes de las asociaciones Acopsityma y Asocarisve. En las sesiones, los líderes sociales también mostraron su temor por el actuar del Ejército cuando está de patrullaje. 

El abuso sexual a una mujer indígena es una de las situaciones corroboradas por los lugareños. A la víctima, el equipo de la Defensoría del Pueblo le activó la ruta psico-jurídica, y actualmente el caso se encuentra en manos de la Fiscalía. 

“El presunto caso de abuso sexual contra una mujer indígena fue confirmado por la comunidad. A causa de lo sucedido, cuyo victimario, dicho por ella, fue un integrante del Ejército, nuestro equipo defensorial activó la ruta psico-jurídica para darle el acompañamiento necesario; además, el hecho fue denunciado en una fiscalía seccional del departamento”, afirmó Carlos Camargo Assis. 

La comunidad indígena del resguardo Alto Sinú, perteneciente al pueblo Embera Katío, también manifestó haber sido víctima, el mes anterior, de lo que serían vulneraciones a sus derechos cometidos por militares.

“Las comunidades indicaron sentir temor cada vez que los militares patrullan. Recibimos quejas de hechos que atentan contra los derechos humanos y contrarían lo establecido en el derecho internacional humanitario (DIH). Además, nuestro equipo en terreno les brindó asesoría a personas víctimas del conflicto armado”, expresó el Defensor del Pueblo. 

“Lo que se constituiría como violaciones a los derechos humanos en el desarrollo de operaciones legítimas hechas por agentes del Estado, sumado a la presencia de actores armados ilegales que restringen las libertades y atentan contra los derechos fundamentales de la población civil, podría generar un desplazamiento de grandes proporciones”, advirtió Carlos Camargo Assis.

El accionar de los grupos al margen de la ley en esa región del país fue advertido a través de la vigente Alerta Temprana 054-19; este documento y su informe de seguimiento dan cuenta del riesgo para los municipios de Tierralta, Montelíbano, Puerto Libertador y San José de Uré.

Otros hallazgos de la comisión

-La educación de niñas, niños y adolescentes de la zona se encuentra suspendida. A ello se suma que no cuentan con la infraestructura adecuada para recibir las clases.

-Solo hay un médico tradicional de una etnia indígena y una enfermera empírica como personal humano para atender a la comunidad. El dispensario habilitado por los mismos lugareños, carece de medicinas, por lo que solicitaron, además de jornadas de atención profesional en salud, medicamentos que puedan contrarrestar los efectos de enfermedades variadas, entre ellas, el paludismo. 

-Durante el trabajo en el territorio, los profesionales de la Defensoría del Pueblo orientaron a los líderes para activar de manera urgente la ruta de atención a un campesino del sector, pues se evidenciaron afectaciones a su estado de salud, por lo que se hizo necesario trasladarlo con el apoyo de la misma comunidad hacia un centro asistencial del casco urbano de Tierralta.

-Igualmente, los pobladores pidieron acceso a las tierras, puesto que al estar asentados en una zona de reserva natural, como el Parque Nacional Natural Paramillo, hay restricciones para cultivar y trabajar. Solicitaron la instalación prioritaria de una mesa de trabajo con representantes de la Agencia Nacional de Tierras, del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), del Ministerio de Agricultura y la Sociedad de Activos Especiales (SAE). 

La Defensoría del Pueblo  presentará un informe defensorial a las autoridades civiles y militares para que determinen responsabilidades sobre los graves hechos denunciados por los habitantes de Bocas del Manso y de las veredas circundantes.